El Gobierno ha aprobado esta semana el Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones. En su parte final (Capítulo III, artículo 4º), y pesar de su nombre, pone en marcha una Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos en el seno de la Comisión Nacional de Energía que agilice la resolución de posibles controversias que puedan surgir entre los operadores energéticos y los consumidores. En los problemas para Internet, telefonía fija y móvil, una oficina similar, ha demostrado su utilidad. El error de Endesa, que devolverá sin necesidad de reclamar lo cobrado indebidamente, ha acelerado su creación.
Sus funciones serán las siguientes:
a)Informar y atender al consumidor de productos energéticos.
b)Resolver controversias entre operadores del sector energético y consumidores de productos energéticos. Esta función de arbitraje tendrá carácter voluntario para las partes.
c)Informar a la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de las reclamaciones y proponer, en su caso, las correspondientes mejoras regulatorias.
A la espera del desarrollo reglamentario para concretar aún más, la tomamos por buena noticia.
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