El Gobierno aprobará hoy en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado para 2013 de nuevo marcados por los ajustes, previsiblemente de unos 40.000 millones, y por el pago de los intereses de la deuda, de unos 38.000 millones. [pullquote]Se incluye para 2013 la futura Ley de Emprendedores[/pullquote]
Este presupuesto de 2013 parte de un techo de gasto de 126.792 millones, un 9,2% más que en 2012, aunque al excluir los gastos en intereses de deuda (9.114 millones) y la mayor aportación a la Seguridad Social (6.683 millones) el limite de gasto ni financiero del Estado queda en 73.255 millones. Esta última cifra dibuja el margen real de maniobra del Gobierno central para desarrollar sus políticas y obligará a plantear una reducción del gasto de los ministerios del 12,2% en 2013, hasta los 31.057 millones de euros, lo que en términos absolutos supone un ahorro de 4.335 millones de euros.
Según informaron a Europa Press en fuentes gubernamentales, el recorte por ministerios oscilará entre el 4,2% del Ministerio de Justicia y el 30% de Agricultura, figurando dentro de esta horquilla el recorte de más del 15% en Exteriores, entre el 13% y el 15% en Sanidad, el 20% en Industria y el 6% en Defensa.
Recortes ministeriales y de personal
El Gobierno incluirá un recorte generalizado del 4% en el gasto en personal de cada ministerio, con la excepción, por el momento, del de Empleo, que sólo lo vería reducido en un alrededor de un 2%.
El Gobierno se verá obligado a adoptar nuevas medidas de contención del gasto, por lo que ha optado por congelar por tercer año consecutivo el sueldo de los empleados públicos, aunque en esta ocasión mantendrá las dos pagas extra de los funcionarios.
Además, no habrá nuevas contrataciones en el sector público, aunque la tasa de reposición se mantendrá en el 10% en algunos sectores como la sanidad, los cuerpos de seguridad del Estado y la inspección de Hacienda y de Trabajo.
Nuevos impuestos
En materia de ingresos, el Gobierno anunciará algunas medidas tributarias como nuevos impuestos verdes y un nuevo régimen de tributación para las plusvalías, que pasarán a tributar al tipo marginal de IRPF que pague cada contribuyente.
De esta forma, se elevará considerablemente la tributación de las ganancias del primero año, ya que las posteriores seguirán gravadas por las rentas de capital en función de una escala que va del 21% al 27% teniendo en cuenta el nivel de renta.
Plan nacional de reformas
Por otro lado, el Gobierno dará también luz verde al Plan Nacional de Reformas con las líneas generales de los grandes cambios que quiere impulsar el Gobierno para renovar la economía y conseguir que España crezca de forma sostenida.
El objetivo de este plan es mejorar la Administración, ganar competitividad y mejorar la situación de la economía española para poder crecer en el futuro.
Así, en este plan, el Gobierno incluirá un gran número de reformas ya aprobadas y otras pendientes, como la Ley de Emprendedores o la Estrategia de Empleo y Emprendimiento Juvenil, con la que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social espera reducir el paro del colectivo.
Un solo organismo regulador
También se incluirán las medidas que ya ha tomado y que tomará el Gobierno para potenciar la unidad de mercado, como la Ley de Costas, la Ley Orgánica del Poder Judicial o la unificación de los organismos reguladores en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
Una de las novedades que contempla el Plan es la creación de una nueva autoridad fiscal para controlar el cumplimiento de los presupuestos por parte de todas las administraciones, tal y como ha anunciado el jefe del Ejecutivo.
Para fomentar la competitividad, se impulsará el programa para la planificación energética en los próximos años y la reforma de la educación y de la formación profesional, ambas anunciadas ya por el Ejecutivo.
Cambios en las pensiones
La gran duda es si el Ejecutivo traspasará la línea roja de tocar las pensiones, algo que el Ejecutivo ha negado hasta ahora y que los expertos ven necesario para cumplir los objetivos pactados y reducir el déficit al 4,5% del PIB.
Además, el Plan Nacional de Reformas podría marcar las directrices que debe seguir el Pacto de Toledo para garantizar el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones y limitar las jubilaciones anticipadas.
Administración local y una ley de transparencia
Finalmente, incluirá leyes para sobre la racionalización y sostenibilidad de la administración local y una ley de transparencia. Además, podría impulsar una central de compras en la Administración e incluir la creación de una sociedad inmobiliaria para gestionar la venta de activos en manos del Estado.
Fuente > Europa Press
