La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, aseguró que el Gobierno está «estudiado muy seriamente» y como una «prioridad» la propuesta de IU-ICV de ampliar los criterios de inembargabilidad de las hipotecas para proteger a las familias de rentas bajas, dentro de los límites de la «acción política» del Ejecutivo, que pasan por garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La medida contempla que se modifique la legislación para elevar el listón de ingresos inembargables hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en caso de ejecución de una hipoteca. Superado este límite, se fijarán otros en función de los ingresos y condiciones familiares.
Asimismo, Herrera pedía la creación de un Fondo de Garantía Hipotecaria para frenar los embargos por parte de entidades financieras de las viviendas habituales de familias en especiales dificultades económicas. El Consejo General del Poder Judicial estima que en 2010 el número de ejecuciones hipotecarias alcanzará las 186.000, un 61,7% más que en 2009 y un 216,9% más que en 2008. Ello, vaticinan, provocará un colapso en los tribunales, situación que lleva a muchos bancos a optar por renegociar las condiciones de los préstamos antes que iniciar un proceso judicial.
