La reforma laboral reconoce el papel de las empresas de trabajo temporal (ETT) como agencias de colocación para colaborar con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas en labores de intermediación laboral. Para que esta colaboración se haga efectiva, las ETT deberán recibir primero la autorización del servicio público de empleo y, después, negociar y firmar convenios con cada uno de los servicios regionales con los que se vaya a trabajar.
A través de estos convenios, las ETT tendrán acceso fundamentalmente a cruzar sus bases de datos con las de los servicios públicos de empleo. Pero esto será solo un primer paso en la fórmula de colaboración público-privada. Según explicó recientemente el director general Empleo, Xavier Thibault, ante un grupo de directivos de recursos humanos, el Gobierno está buscando una fórmula para que las ETT «sean también una herramienta importante en la lucha contra el fraude».
En este terreno, argumentó que la ley actual ya estipula que los parados que rechacen tres ofertas adecuadas de empleo serán sancionados con la pérdida de la prestación por desempleo. Pero según dijo, «el problema está en que algo no funciona en los servicios públicos de empleo, que apenas intermedian en el 3% de las colocaciones, y por eso ni siquiera llegan a tramitar ofertas adecuadas». Conclusión: ni se rechazan ni se retiran las prestaciones por ello.
Ante esta situación, Thibault consideró que cuando las ETT colaboren plenamente en la intermediación con los servicios públicos, se tendrá que aplicar igualmente la ley que sanciona a quien rechace tres ofertas de empleo adecuadas con la retirada de la prestación. «Eso también sucederá cuando sea una ETT la que descuelgue el teléfono y realice estas tres llamadas ofreciendo hasta tres empleos adecuados al perfil del parado y este los rechace», insistió el director general de Empleo.
Fuente > Cinco Días
