Esto será así gracias al Decreto que está preparando el Gobierno que permitirá que, además de que el dinero que proceda de paraisos fiscales que se invierta en deuda pública española no tribute, garantizará el anonimato de estos inversores, ya que también contemplará suprimir la obligación de declarar la identidad de los titulares, el país de procedencia y el importe de los rendimientos.
Esto, desde el punto de vista del inversor residente en España, es un agravio comparativo ya que si compran este activo tendrán que tributar al 18%, mediante una retención, si son personas físicas, o al 30%, si se trata de sociedades.
En esta medida chocan dos intereses, el del Gobierno español con la necesidad de colocar importante emisión de deuda pública que está llevando a cabo para financiar el aumento del déficit público y lo que dice Europa de eliminar los paraisos fiscales, que el Gobierno con estas iniciativas no parece cumplir del todo.