El objetivo de la directiva, que los estados miembros deben incorporar a su legislación antes del 28 de diciembre de 2009, es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre estados miembros.
En concreto, el Ejecutivo dio el visto bueno para su remisión a las Cortes a la conocida como ley paraguas, una norma horizontal por la que se traspone la directiva de servicios, que supondrá una liberalización y flexibilización de las distintas actividades de este sector.
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