En total, los agentes realizaron 609 investigaciones, que afectaron a 815 personas jurídicas y a más de 1.635 personas físicas.
La mayor parte de las operaciones de fraude procedían de empresas que incumplen «sistemáticamente» la obligación de cotizar o que tratan de ocultar la verdadera titularidad de las mercantiles, utilizando empresas interpuestas o testaferros con el objeto de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social. El Código Penal sanciona estas conductas como un delito cuando la deuda alcanza los 120.000 euros en un mismo ejercicio.
También son frecuentes los delitos por insolvencia punible, cometidos por aquellas personas jurídicas que, tras acumular deuda con la Seguridad Social por no cotizar, cambian la denominación de la empresa o producen una descapitalización de la misma mediante el traslado de los elementos patrimoniales a otras mercantiles creadas al efecto, utilizando en la mayoría de los casos testaferros y dejando en situación de insolvencia a la deudora.
El departamento dirigido por Celestino Corbacho ha destacado que en 2009 se produjo una «importante caída», superior al 53%, en las irregularidades de afiliación al sistema cometidas por ciudadanos extranjeros, tanto en lo concerniente a la falsificación de documentos como a la usurpación del estado civil.
Además, en 2009 no se detectaron irregularidades en el ámbito de la formación continua debido, según Trabajo, a las investigaciones y actuaciones policiales efectuadas en ejercicios anteriores.
Todas estas actuaciones se llevan a cabo a requirimiento de las distintas entidades de la Seguridad Social, a raíz de infracciones detectadas en los controles habituales o bien en colaboración con otras unidades policiales sobre denuncias recibidas y con autoridades judiciales.
Fuente > El Mundo
