Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos de Créditos al Consumo

El pasado viernes el Consejo de Ministros recibió un informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo. Se aplicará a aquellos contratos en que el prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación. La consideración de consumidores se circunscribe a las personas físicas que actúan en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional. Entre otros, se excluyen los créditos garantizados con hipoteca y los inferiores a 200 euros. Se regulará de forma detallada la información básica que ha de figurar en la publicidad, comunicaciones comerciales y en los anuncios de ofertas que se exhiban en los locales comerciales en los que se ofrezca un crédito o la intermediación para la celebración de un contrato de crédito.

Igualmente, se establece una lista de las características del crédito sobre las que el prestamista ha de informar al consumidor antes de asumir éste cualquier obligación; información precontractual que deberá ser facilitada en un impreso normalizado en los términos previstos en la Directiva. Además, obliga a los prestamistas a ayudar al consumidor en la decisión sobre el contrato de crédito que, de entre los productos propuestos, responda mejor a sus preferencias y su situación financiera. Esta ayuda se concreta en la obligación de explicar al consumidor de forma personalizada las características de los productos propuestos así como la información precontractual correspondiente, y de advertirle de los riesgos en caso de impago o de endeudamiento excesivo.

Se introduce la obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor con carácter previo a la celebración del contrato, para lo cual podrá servirse de la información obtenida por sus propios medios y de la facilitada por el futuro prestatario, incluida la consulta de bases de datos. Para garantizar la libre competencia, las condiciones de acceso a las bases de datos sobre la solvencia patrimonial de los consumidores han de ser iguales para todos los prestamistas establecidos en la Unión Europea.

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